El comentario de hoy, martes 25 de noviembre 2025

Por lo visto, nada han cambiado las cosas en el Congreso local. Y es que desde que el PRI mantenía mayoría hasta la actual legislatura, se ha perfilado como un órgano oneroso, improductivo y rapaz. Hace al menos seis años, el Instituto Mexicano de la Competitividad -IMCO- lo consideró uno de los más caros, numerosos y opacos del país. En efecto, su nómina es única: 42 representantes populares. La mayoría ni propone, ni discute, ni lee las iniciativas. Sólo levanta la mano.

Cuando el Movimiento de Regeneración Nacional -Morena- se estrenó como mayoría, con certeza en la Quincuagésima octava legislatura, junto con sus adláteres de otros partidos -PT y Partido Verde- legisladores y legisladoras irrumpieron con el discurso de moda: la austeridad republicana. Criticaron la remodelación de oficinas, pago de servicios de teléfono, excesos administrativos. Pronto se dieron cuenta de que se pegaban un tiro en el pie.

Incluso peor que sus antecesores del tricolor, además de su salario bastante jugoso, la mayoría morenista se nutrió de prebendas adicionales. Cualquier iniciativa del ejecutivo, para poder aprobarse por mayoría, requería de un soborno. Era el llamado “pago por evento”. Se dice que aquel famoso préstamo de los 3 mil 500 millones de pesos que solicitó el ex gobernador Alejandro Murat en 2020, aprobado por el Congreso, tuvo un costo aproximado de 500 millones en sobornos a diputados.

Desde 5 millones a los coordinadores de bancada y miembros de la directiva, hasta 2 millones de pesos al resto. Adicionalmente, peleaban para sí -como si lo merecieran- los recursos autorizados para obras en los municipios de sus distritos. Creaban constructoras y presionaban a presidentes municipales para contratarlas. Si bien, el gobernador Salomón Jara afirmó en su momento, que el “pago por evento” había terminado, todo apunta a que el dispendio y la falsa austeridad van viento en popa.

¿O cómo se explica que el ex presidente de la Junta de Coordinación Política -JUCOPO-, diputado Benjamín Viveros Montalvo le haya dejada a su sucesora, la diputada Tania Caballero, las arcas vacías, pues en sólo nueve meses se gastó la totalidad del presupuesto 2025? Y no sólo se trata del presupuesto original de 403 millones que le autorizó la Secretaría de Finanzas, sino con una ampliación adicional de más de 152 millones, que hacen un total de 556.5 millones.

Bajo la premisa de que el Congreso aprueba leyes y reglamentos contra la opacidad y se llenan la boca sus miembros para argumentar la rendición de cuentas, ¿en dónde exactamente está la cacareada austeridad y en dónde la visión humanista y de impacto social que dicen permea cada que aprueban el presupuesto anual? (JPA)